IPC NEGATIVO EN PENSIÓN DE ALIMENTOS

Uno de las medidas a acordar en cualquier proceso de ruptura con hijos de por medio, es el establecimiento de una pensión de alimentos que habrá de cubrir normalmente un progenitor, ya sea por proporcionalidad o por ser el no custodio en casos de guarda y custodia exclusiva. Una vez fijada la pensión, la Sentencia o el convenio regulador, indican la actualización anual conforme a las variaciones del Índice de Precios de Consumo o IPC.

Hasta hace unos años, en tanto que el IPC siempre era ascendente, cada año esas pensiones se revisaban al alza según los puntos que hubiera aumentado el índice. Pero la crisis económica trajo años de vacas flacas y periodos en los que el IPC era negativo. Cuando se dan estos casos, surge la problemática de qué hacer con la actualización de las pensiones: ¿bajan o se mantienen con un mínimo?

De la ley y la jurisprudencia se pueden extraer 3 posturas al respecto:

Cumplimiento exacto de lo dispuesto en Sentencia

Si en el Convenio Regulador o en la Sentencia se estableció la actualización de la pensión según las variaciones del IPC, habrá de estar a la literalidad de lo acordado, por lo que el término “variación” incluye la revisión tanto al alza como a la baja. Ello es así conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: «Las sentencias se ejecutarán en sus propios términos».

De conformidad con lo anterior, si el IPC es negativo, deberá aplicarse ese porcentaje a la pensión, por lo que se vería reducida. Esto es, una revisión a la baja.

Aplicación del principio de proporcionalidad

La segunda postura, aplicada en muchos Juzgados de Familia, es la que sostiene que, en supuestos en los que el IPC es negativo, no puede aplicarse de manera automática la reducción de las pensiones, sino que habrá de valorarse el caso concreto, atendiendo a las variaciones experimentadas en los ingresos del obligado a abonar la pensión. Caso de no hacerlo, se quebrantaría el principio de proporcionalidad, y provocaría una situación injusta en tanto los ingresos del obligado no disminuyen.

Así pues, aunque el IPC fuera negativo, si las necesidades de los hijos siguen siendo las mismas y los ingresos del alimentista también, no debe reducirse la pensión. En este supuesto, simplemente no se calcula revisión alguna y simplemente se mantiene.

Analogía con otras disposiciones

Esta solución es acorde a la consideración de las pensiones de alimentos como deudas de valor, por lo que la razón de ser de su actualización es que no pierdan poder adquisitivo y puedan seguir atendiendo a las necesidades para las que se han concedido.

A partir de esta premisa, se aplicaría la misma normativa aplicable a las pensiones públicas. Con base en lo anterior, se sigue el criterio seguido por el Gobierno en tanto en cuanto, de acuerdo a las posibilidades económicas de la Seguridad Social y la evolución de sus parámetros fundamentales, se garantiza , que las pensiones se incrementarán todos los años. El incremento se concreta entre un mínimo del 0,25% -famoso estos días por las manifestaciones de los pensionistas-  para el conjunto de las pensiones cuando la situación económica sea desfavorable, hasta la variación anual del IPC más 0,50 puntos porcentuales adicionales, cuando el contexto económico lo permita.

Siguiendo esta premisa, deberían aumentarse las pensiones un mínimo del 0,25%. La revisión pues, sería al alza. Esta interpretación es residual en la jurisprudencia y no se aleja de la dualidad de las anteriores, mas esta aplicación de la norma debiera servir al menos para prohibir no reducir el importe de la pensión cuando el IPC sea negativo.

Ante un IPC negativo, la doctrina ofrece tres soluciones: revisión a la baja, mantenimiento y, en menor medida, revisión al alza aplicando normativa análoga

Para evitar cualquier interpretación que perjudique a los menores, nuestro trabajo desde Pherus es también solucionar los conflictos antes de que aparezcan, mediante la previsión. Cada vez son más los Juzgados y abogados que para no generar confusión introducen en sus resoluciones y convenios respectivamente la indicación de que la pensiones se actualizarán según la variación al alza del Índice de Precios al Consumo. Esto es, si el IPC o índice seleccionado es negativo, la pensión se quedará como está, únicamente variando al alza.